Descripción
El reconocimiento de la población indígena en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sólo marcó una ruptura con la impronta nacionalista derivada de la posrevolución sino que también obligó a la readecuación de la legislación propia de cada entidad a fin de lograr concordancias jurídicas. Es en este ámbito donde se puede analizar con mayor detenimiento la interrelación de dos dinámicas: por una parte, las demandas y posiciones de poblaciones indígenas específicas así como sus reacciones a las formas legales, mismas que han oscilado entre la movilización organizada, la resistencia política y el utilitarismo económico. Dependiendo de los casos, y del particular contexto de violencia que actualmente se vive en buena parte del país, esas expresiones se han visto potenciadas o anuladas gracias a proyectos productivos y extractivos rapaces, a los efectos de la democracia electoral y a complejas redefiniciones identitarias. Por otra parte, está el uso institucional del multiculturalismo en boga, que en el mejor de los casos ha ido acompañado de un tímido y selectivo reconocimiento de derechos y demandas indígenas, pero que básicamente se ha abierto paso como una mera retórica de reconocimiento con pocos efectos prácticos a propósito de los derechos al territorio, a la protección y disfrute de recursos naturales, y a la autonomía.
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